El sindicalista Faustino Rosales fue condenado por defraudación a la obra social de los Gráficos
El dirigente se declaró culpable y ofreció una reparación económica que no fue aceptada por la Fatida. El juez otorgó la probation y dispuso que cumpla tareas comunitarias en un hogar de tránsito por el término de un año.
El 27 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nacional N°10 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó la audiencia a los sindicalistas Faustino Rosales y Beltrán Rodríguez (Salta) en el marco del proceso penal iniciado por la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines por defraudación por administración fraudulenta. En esta instancia se suspendió el juicio a prueba durante un año a ambos imputados.
Los dirigentes denunciados por malversación de fondos durante su gestión como presidente y tesorero de la obra social a nivel nacional ofrecieron reparaciones económicas que fueron mejoradas en dos oportunidades, además de esgrimir problemas de salud. El secretario general del gremio de San Luis propuso $15 millones a pagar en 24 cuotas y en el caso del salteño quiso reintegrar 960 mil pesos también en cuotas.
El Tribunal ordenó que Rosales se someta al control del patronato de liberados y cumpla tareas comunitarias en un hogar de tránsito en la ciudad de San Luis durante un año. Rodríguez fue exceptuado de las funciones comunitarias.
Trabajadores gráficos protestaron contra el dirigente, Faustino Rosales.
El secretario general de la Fatida, Aníbal Schmidt argumentó que el monto de la defraudación actualizado asciende a 40 mil dólares por lo cual rechazó la compensación. Argumentó que “debe tenerse cuenta que no se trata de una defraudación corriente sino que la damnificada es una obra social que administra el dinero de sus afiliados, plata destinada a la cobertura médica”.
Al mismo tiempo sostuvo que “los problemas de salud de los imputados no pueden empañar la gravedad de los hechos” que fueron “actos de corrupción interna en una obra social”.
Fatida apeló la suspensión del juicio e insistió con el juicio oral y público.
La fiscalía acompañó la postura de la querella y consideró que se trata de “un caso grave que supera una simple estafa”. Expuso que el criterio de la Procuración es que los casos de corrupción lleguen a juicio porque son “casos de orden público”.
Publicación de Fatida.
En 2018, Rosales y Rodríguez fueron denunciados penalmente y destituidos de los cargos tras una investigación interna que derivó en la presentación de la obra social en la Justicia. Los encontraron responsables de haber desviado dinero mediante “la duplicación del pago de prestaciones ya facturadas y abonadas”. Dispusieron “el libramiento y firmaron en forma conjunta los cheques que luego fueron cedidos a terceros con sus respectivos endosos falsificados”.